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domingo, 13 de noviembre de 2011

“Compra de renuncias obligatorias”: ¿mejora del aparato burocrático del Estado, o transgresión al derecho al trabajo?

Por: Byron Andino Veloz
“Compra de renuncias obligatorias”: ¿mejora del aparato burocrático del Estado, o transgresión al derecho al trabajo?
Política
En estas dos últimas semanas, cerca del 1% de funcionarios públicos en Ecuador dejaron sus cargos y aún faltan más. La razón: el Gobierno ejecuta un proceso de reestructuración y optimización del talento humano en el sector público, con la intención de “mejorar su eficacia y eficiencia”.
Las “compras de renuncias obligatorias” que realiza el Estado, según funcionarios de Gobierno, se basarían en el decreto presidencial número 813, en su artículo 8, así como en el artículo 47 de la ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). Hay que tomar en cuenta que el término de “renuncias obligatorias” anteriormente no fue aceptado por la Asamblea Nacional en el veto que propuso el Ejecutivo a la ley de Servicio Público.
Quienes abandonaron aquellas labores recibirán una indemnización por desvinculación laboral de manera inmediata y en función de sus años de servicio.
Richard Espinosa, ministro de lo Laboral, explicó en Ecuavisa que no hay una venta de renuncias como sucedió en regímenes anteriores. Ahora, el Estado tendría la potestad de comprar las renuncias sin impedimento ni resistencia alguna.
El Estado y quienes lo administran tienen la facultad de ejercer medidas en función de su desarrollo. A la vez están limitados por la Constitución, instrumentos internacionales, leyes y reglamentos, en su respectivo orden jerárquico; también existen principios básicos, los derechos, todo esto debe concentrar una idea primordial: el avance y mejoramiento de la vida de las personas en función de su avance en conjunto.
A mi criterio, esta “compra de renuncias” es peor que la venta de las mismas que se realizó en gobiernos neoliberales. Esto es ilegal y violatorio a los derechos de los trabajadores consentidos en la Constitución y en los tratados internacionales, pues no hay un derecho a la defensa de los burócratas. Si se quisiera eliminar a los malos elementos que hayan cometido hechos negativos y corruptos, tendría que realizarse el debido proceso y no de esta forma.
Antonio Gramsci utiliza el término “hegemonía” para explicar esta acción. La palabra deriva del griego eghesthai, que significa "conducir", "ser guía”. El ministerio de Relaciones Laborales es el órgano rector en manejo de personal y quien ha llevado este proceso en diez instituciones del Estado.
El filósofo, teórico, periodista y político italiano también incluye en sus textos a los denominados “Intelectuales”, quienes administran el Estado y son funcionarios al servicio de la sociedad civil. Los intelectuales son los servidores públicos.
Ecuador ha sido históricamente víctima de los ‘monstruos’ de la corrupción, la irresponsabilidad y una falta de consciencia en cada una de las labores que se ha realizado. El sector público es una parte importantísima, donde varios funcionarios tienen la capacidad de ejecutar medidas en bien de los demás. Lo triste y lamentable, es que el Estado ha carecido de fortaleza para poner en orden muchas cuestiones que perjudicaban a la gran mayoría.
Gramsci plantea la “conciencia negativa”: muchas personas solo toman en cuenta el plano corporativo, sin tomar acciones contra las falencias del gran sistema, actúan en base a intereses personales.
Los medios de comunicación han reflejado preocupaciones de varios sectores en algunos temas. Se han denunciado fallas, atropellos y hasta la misma inconstitucionalidad del proceso. En el Legislativo, la Comisión de Derechos Colectivos llamaron a las máximas autoridades que encabezan estas acciones para que expliquen sus fundamentos sobre esta compra de renuncias, pero no asistieron. Tendrán unos días más para acudir a la Asamblea.
La Federación Nacional de Servidores Públicos interpuso una acción legal en la Corte Constitucional para que resuelva la legalidad o ilegalidad de este decreto. Además se ha mencionado que tendrán la oportunidad de tomar otras medidas sujetándose a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El documento que expidió el ministerio de lo laboral aprueba el término “renuncia obligatoria”, lo cual no debería existir. No se puede reformar una ley, ni colocarse sobre ella a través de un decreto. Esto abriría la puerta a un posible juicio político en contra de Richard Espinosa.
Han existido otras capacidades legales y legítimas para deslindar a personas de sus cargos. El mismo artículo 47 establece la salida de funcionarios por “compra de renuncias”, pero no obligatorias como se establece en el decreto.  Otras medidas para reducir personal es la supresión de partidas contemplado en el artículo 60, y por otro lado la evaluación de desempeño verifica el rendimiento de los empleados.
Han sido retirados de sus cargos varios burócratas, que en su historial no han merecido tener esta ‘expulsión’ de sus funciones. Hay gente capaz, honesta e íntegra, que por razones políticas o rencores personales fueron víctimas de esta medida. Por lo visto esta medida también es manipulable, y no debe ser así. También se lo ha hecho positivamente a aquellos irresponsables, quienes han perdido el privilegio de ayudar a la sociedad y se los ha dejado sin sus dignidades.
Aquellas personas que tengan el sustento para poder ser reintegradas a sus funciones, deberán acudir a las instancias respectivas. Hago mención a Karl Marx, quien dice: “El obrero tiene más necesidad de respeto que de pan”.
En las funciones de Estado se necesita gente que cumpla con todos los requisitos y sean probos para cumplir con serias responsabilidades sociales. La realidad es que se necesitan cambios profundos en el comportamiento cultural en estas instancias, a la vez se debe reestructurar,  de forma legal y en base a nuestras normas, varios ejes que permitan un desarrollo. Hay que tomar precaución al momento de tomar medidas y ejecutar estas ideas.
 Aquella “conciencia positiva” que indica Gramsci, permitirá una lucha por lo ético en búsqueda de la mejora del sistema. Hacen falta más personas que contribuyan a la construcción de un mejor convivir social. Esto les será premiado en la vida.
"La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho" (Jonas Edward Salk)